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La representación procesal

Es una función exclusiva de los procuradores la representación de las partes en todo tipo de procesos, salvo cuando la ley autorice otra cosa. Pueden ser sustituidos por otro procurador y, en determinados actos, por un oficial habilitad, en la forma que se determine reglamentariamente. Asimismo, deben guardar secreto de todos los hechos o noticias de que conozcan por razón de su actuación profesional y están sujetos al requisito de colegiación.
El Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España fue aprobado por Real Decreto 1281/2002, de 5 de diciembre.
Para ser Procurador son necesarias las siguientes condiciones: tener nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea; ser mayor de edad y no estar incurso en causa de incapacidad; estar en posesión del Título de Licenciado o Graduado en Derecho y haber obtenido el Titulo de Procurado, expedido por el Ministerio de Justicia.
El articulo 23 LEC establece que la comparecencia en juicio será por medio del Procurador, que habrá de ser Licenciado o Graduado en Derecho, legalmente habilitado para actuar en el Tribunal que conozca del juicio. No obstante, podrán los litigantes comparecer por sí mismos: En los juicios verbales cuya cuantía no exceda de 2.000 euros y para la petición inicial del procedimiento monitorios; en los juicios universales, cuando se limite la comparecencia a la presentación de títulos de crédito o derechos, o para concurrir a Juntas, y en los incidentes relativos a la impugnación de resoluciones en materia de asistencia jurídica gratuita y cuando se soliciten medidas urgentes con anterioridad al juicio.
El procurador legalmente habilitado podrá comparecer en cualquier tipo de procesos sin necesidad de abogado, cuando lo realice a los solos efectos de oír y recibir actos de comunicación y efectuar comparecencias de carácter no personal de los representados que hayan sido solicitados por el Juez, Tribunal o Letrado de la Administracion. Al realizar dichos actos no podrá formular solicitud alguna. Es incompatible el ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales.
La parte puede conferir su representación técnica al Procurador que libremente escoja. Pero si la parte lo solicita o se niega a nombrarlo, se le nombrará de oficio, siempre que sea preceptiva su intervención.
El poder que ha de otorgarse al Procurador para actuar procesalmente constituye un mandato representativo típico, que se entiende aceptado por el hecho de usar de él. Con frecuencia el mandato se otorga notarialmente, pero también puede conferirse mediante comparecencia ante el Letrado de la Administración cualquier oficina judicial (apoderamiento apud-acta). La escritura de poder se acompañará al primer escrito que el procurador presente o, en su caso, al realizar la primera actuación; y el otorgamiento “apud acta” deberá ser efectuado al mismo tiempo que la presentación del primer escrito o, en su caso, antes de la primera actuación, sin necesidad de que a dicho otorgamiento concurra el procurador.
El poder general para pleitos facultará al procurador para realizar válidamente, en nombre de su poderdante, todos los actos procesales comprendidos, de ordinario, en la tramitación de aquellos. El poderdante podrá, no obstante, excluir del poder general asuntos y actuaciones para los que la ley no exija apoderamiento especial.